El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para reducir hasta 20.000 puestos de trabajo en el Estado
El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, como parte de su política de reorganización y reducción de las estructuras estatales.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según las estimaciones difundidas en torno al programa, el Ejecutivo busca reducir otros 20.000 puestos de trabajo en el sector público. El objetivo declarado en la norma es optimizar las estructuras administrativas y mejorar la asignación de los recursos del Estado.
¿Quiénes podrán acceder al retiro?
El régimen alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada.
La propuesta contempla el pago de una gratificación extraordinaria, cuya modalidad y monto dependerán de las condiciones previstas en el régimen, entre ellas la antigüedad reconocida, la edad y la situación previsional de cada trabajador.
Un punto central es que la antigüedad computable se vincula con los años reconocidos dentro de la planta permanente, y no necesariamente con todo el tiempo que una persona haya trabajado para el Estado bajo distintas modalidades de contratación.
Eliminación de los cargos y restricciones
El decreto dispone que los cargos correspondientes a los trabajadores que acepten el retiro voluntario deberán ser eliminados una vez que se concrete el cese de la relación laboral.
El régimen también establece restricciones para acceder al beneficio y contempla exclusiones para determinados sectores de la administración pública. Entre las condiciones difundidas se encuentra la imposibilidad de volver a trabajar en la Administración Pública Nacional durante un período de ocho años.
Una medida que genera debate
La iniciativa se suma a las políticas de ajuste y reorganización del Estado impulsadas por el Gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca mejorar la eficiencia del gasto público, sectores sindicales cuestionan el impacto que estas medidas pueden tener sobre el empleo estatal y las condiciones laborales.
La implementación del programa y la cantidad de trabajadores que finalmente adhieran permitirán dimensionar el alcance de esta nueva etapa de reducción de personal en la administración pública.
