Malvinas: el Gobierno profundiza las medidas contra empresas vinculadas a la explotación petrolera
El Gobierno de Javier Milei profundizó esta semana su estrategia para impedir actividades hidrocarburíferas que considera contrarias a los intereses y derechos soberanos de la Argentina en torno a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La Oficina del Presidente informó el 7 de septiembre que el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según el Gobierno, tres de esas empresas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— presuntamente cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La denuncia también alcanza a sus accionistas y a las personas que hubieran intervenido en las actividades investigadas. El Ejecutivo fundamentó la presentación en las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones para determinadas actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
⚖️ Nuevos procedimientos sancionatorios
La ofensiva oficial no se limita a la denuncia penal.
El Gobierno había anunciado el 4 de septiembre el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas, según el Ejecutivo, con actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos relacionados con las Islas Malvinas.
El 8 de septiembre, la Oficina del Presidente informó además que se sumaron 15 nuevos sujetos a esos procedimientos, elevando a 60 el número de personas y entidades alcanzadas por las actuaciones administrativas anunciadas por el Gobierno.
La investigación busca determinar responsabilidades y, eventualmente, aplicar las sanciones previstas por la legislación argentina.
📜 Qué establece el Decreto 868/2026
El Gobierno también modificó y fortaleció el mecanismo administrativo para investigar este tipo de actividades mediante el Decreto 868/2026, publicado oficialmente.
La norma establece procedimientos específicos para determinar eventuales responsabilidades por actividades prohibidas por la Ley 26.659 y fija un plazo de 10 días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten su descargo.
Además, el decreto designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y establece mecanismos de coordinación con otros organismos nacionales.
La normativa también incorpora nuevos requisitos relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con permisos y concesiones hidrocarburíferas, buscando evitar que puedan acceder a determinados beneficios o autorizaciones quienes incumplan las disposiciones de la Ley 26.659.
🛢️ El reclamo por los recursos naturales
Desde el Gobierno sostienen que las medidas tienen como objetivo proteger los recursos naturales argentinos y defender la posición nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes.
En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de una Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional.
El Ejecutivo aseguró que continuará utilizando herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales para avanzar contra las actividades que considere incompatibles con la legislación argentina.
🇦🇷 Una disputa que vuelve al centro de la agenda
Las nuevas medidas representan un endurecimiento de la política del Gobierno respecto de las actividades hidrocarburíferas en torno a Malvinas.
Mientras la Argentina sostiene su reclamo histórico de soberanía, el Ejecutivo busca ahora combinar acciones judiciales, sanciones administrativas y medidas económicas para limitar la participación de empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.
